Ciudad de México, 10 de julio de 2026. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el empresario Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), mantiene un adeudo de 112 millones 497 mil 990 dólares con Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte del acuerdo reparatorio derivado del caso Agronitrogenados, relacionado con la compra de la planta de fertilizantes durante la administración de Emilio Lozoya Austin al frente de la empresa productiva del Estado.
La dependencia precisó que el convenio de reparación del daño contemplaba el pago total de 216 millones 664 mil 40 dólares en tres exhibiciones. Ancira cubrió las dos primeras parcialidades por un monto conjunto de 104 millones 166 mil 50 dólares; sin embargo, incumplió con la tercera y última, equivalente a más de 112.4 millones de dólares, por lo que el proceso penal en su contra continúa vigente.
La información fue dada a conocer por la FGR luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señalara durante su conferencia matutina que el empresario aún mantiene un importante adeudo con Pemex. En respuesta, la Fiscalía emitió un comunicado en el que confirmó las cifras y recordó que desde diciembre de 2023 solicitó la reactivación del procedimiento judicial debido al incumplimiento del acuerdo reparatorio.
La institución explicó que la defensa de Alonso Ancira solicitó una prórroga para cubrir el saldo pendiente, argumentando las dificultades financieras que enfrenta AHMSA. No obstante, la petición quedó sujeta a diversos recursos legales, entre ellos apelaciones y un juicio de amparo, por lo que la deuda permanece vigente y Pemex conserva el derecho de exigir la reparación íntegra del daño ocasionado por la operación de compraventa de Agronitrogenados.
El caso Agronitrogenados es una de las investigaciones más relevantes derivadas de las presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Emilio Lozoya Austin en Pemex. La FGR sostiene que la adquisición de la planta se realizó con un sobreprecio que generó un importante daño patrimonial al Estado mexicano, motivo por el cual continúa el seguimiento judicial hasta lograr el cumplimiento total del acuerdo o, en su caso, la resolución definitiva del proceso penal.
