Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su probable participación en el delito de desaparición forzada relacionado con el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala.
La resolución fue dictada durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto, después de una audiencia que se prolongó por más de 14 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México. El juzgador determinó que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal contra el exmandatario y ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano.
La Fiscalía General de la República acusa a Aguirre Rivero por hechos relacionados con el presunto ocultamiento de evidencia después de la desaparición de los normalistas. Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentran señalamientos sobre videograbaciones de cámaras de seguridad que habrían captado acontecimientos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Durante la audiencia, la defensa del exgobernador presentó diversos datos de prueba y testimonios con los que buscó acreditar que Aguirre Rivero se encontraba en la Ciudad de México cuando ocurrieron los ataques contra los estudiantes. Sus abogados rechazaron las imputaciones formuladas por la Fiscalía y sostuvieron que no existen elementos que demuestren su participación en la desaparición de los jóvenes.
Pese a los argumentos de la defensa, el juez determinó que la investigación debe continuar bajo proceso penal y concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. Durante ese periodo, tanto la Fiscalía como la defensa podrán incorporar nuevos elementos antes de que el caso avance a las siguientes etapas judiciales.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino que establece que existen elementos para continuar la investigación judicial contra Aguirre Rivero. El exgobernador permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla el procedimiento por uno de los casos de desaparición forzada que ha marcado la agenda política y de derechos humanos en México desde 2014.
