México es un país abierto a la inversión extranjera en la mayoría de los sectores de la economía y se presenta en forma consistente como uno de los mercados emergentes con mayor recepción de inversión extranjera directa (IED).
Esto se debe, entre otras, a la proximidad de nuestro país con los Estados Unidos y su acceso preferente a dicho mercado, a su estabilidad macroeconómica, a un mercado interno de tamaño considerable y una base de consumo creciente y a costos laborales menores.
México es parte de 14 tratados comerciales y 32 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs), es miembro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y mantiene tratados en materia fiscal con 62 países. El comercio bilateral entre México y EU se ha multiplicado casi ocho veces entre 1994 y 2024.
Las cadenas de suministro en la industria automotriz, aeroespacial y de equipo electrónico y eléctrico ejemplifican de manera clara el alto nivel de integración de las cadenas de suministro en la región de Norteamérica.
Estos y otros datos se incluyen en el reporte dado a conocer el mes pasado por el Departamento de Estado de EUA (2025 Mexico Investment Climate Statement – U.S. Department of State).
Además de datos duros que reflejan la enorme interacción entre ambos países, el reporte incluye preocupaciones acerca del clima de inversión en nuestro país que vale la pena destacar. Inversionistas de EU han reportado que las políticas y los cambios regulatorios recientes, incluyendo modificaciones al sistema judicial, han generado dudas y preocupaciones crecientes en distintos sectores, originando incertidumbre acerca de la dinámica en la relación bilateral. El T-MEC entró en vigor en julio de 2020 y, sin embargo, el reporte arroja que el gobierno mexicano no ha emitido regulaciones para implementarlo en distintas áreas de la economía, complicando la operatividad de sectores como telecomunicaciones, servicios financieros y, destacadamente, energía.
El Departamento de Estado refiere cómo en octubre de 2024 se firmó un decreto constitucional redefiniendo la naturaleza de CFE y PEMEX como empresas públicas otorgándoles un trato favorable en el mercado y reconfigurando el sector para su beneficio, restringiendo la participación de empresas del sector privado. Se refiere asimismo el decreto que designó a los proyectos insignia de la administración anterior como proyectos de seguridad nacional permitiendo eludir estudios y requisitos previos, lo que generó preocupación entre inversionistas acerca del compromiso real del gobierno mexicano con principios de transparencia. Los inversionistas reportan la práctica de asignar contratos públicos en forma directa durante los últimos años y que se han presentado procesos de licitación que favorecen estándares europeos por encima de los norteamericanos o cuyas especificaciones favorecen a competidores de empresas estadounidenses.
La desaparición de órganos reguladores autónomos desató críticas que advierten la centralización de decisiones y el riesgo de mermar independencia y transparencia regulatorias abriendo la puerta a decisiones con motivaciones políticas en demérito del sector privado. La reforma judicial de 2024 se percibe como un impacto adicional en el panorama legal al mermar la predictibilidad y la imparcialidad de decisiones judiciales, y la reciprocidad en la resolución de disputas. Cabe recordar que el T-MEC contempla un mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado para inversionistas estadounidenses que sean parte de un contrato gubernamental y participen en sectores específicos (energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura).
Los inversionistas en otros sectores únicamente pueden acceder a dicho mecanismo para cierto tipo de obligaciones y siempre que agoten previamente recursos legales ante tribunales mexicanos, lo que presenta una preocupación adicional a la luz de la reforma judicial. Nuevamente se presenta un llamado de atención a medidas adoptadas en años recientes que han venido irritando la relación bilateral con nuestro socio comercial más importante. Algunas de las preocupaciones manifestadas por inversionistas estadounidenses y recogidas en este reporte seguramente son compartidas por inversionistas de otras jurisdicciones.
La disyuntiva hasta ahora parece consistir en mantener políticas redituables en el ámbito electoral o virar hacia aquello que se requiere para atraer y mantener inversiones de largo alcance.
