La Cámara de Diputados aprobó este martes 22 de septiembre, en lo general, una reforma constitucional que establece como requisito tener únicamente la nacionalidad mexicana para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen, derivado de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma establece que las personas mexicanas por nacimiento que posean otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas a alguno de estos cargos. La disposición no implica una prohibición general de la doble nacionalidad en México, sino un requisito específico para quienes busquen encabezar los poderes ejecutivos federal y locales.
Además, quien ocupe alguno de estos cargos no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad durante el ejercicio de sus funciones, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar pasaporte o documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos como ciudadano extranjero ni acogerse a su protección diplomática.
Durante la discusión, Leonel Godoy Rangel, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sostuvo que la modificación busca garantizar que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan un vínculo jurídico y político exclusivo con México.
Legisladores de Morena y sus aliados respaldaron el proyecto bajo el argumento de fortalecer la soberanía nacional y evitar posibles conflictos derivados de la existencia de vínculos jurídicos con otros países.
En contraste, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la reforma al considerar que podría afectar los derechos políticos de mexicanos que viven en el extranjero y cuentan con una segunda nacionalidad.
La iniciativa fue presentada por Claudia Sheinbaum con el argumento de precisar la redacción constitucional vigente y establecer expresamente que quienes aspiren a gobernar el país o alguna entidad federativa no podrán conservar otra nacionalidad.
El proyecto contempla que las nuevas disposiciones sean aplicables a partir del proceso electoral de 2028 y no afecten a quienes se encuentren actualmente en funciones.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma deberá continuar su proceso legislativo en el Senado de la República. Al tratarse de una modificación constitucional, requerirá también la aprobación de la mayoría de los congresos de las entidades federativas antes de su eventual promulgación.
