La jueza federal Katherine Polk, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aseguró que la evidencia reunida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y otros exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico es “abundante”, durante una audiencia celebrada este lunes en Manhattan.
De acuerdo con la información publicada por el periodista Arturo Ángel en MILENIO, la magistrada adelantó que la cantidad de pruebas presentadas por la fiscalía es considerable y que incluso el número de personas procesadas y detenidas dentro de esta investigación podría seguir aumentando conforme avance el caso. Ante ello, concedió un plazo adicional para que los fiscales concluyan el procesamiento y entrega del material probatorio a las defensas.
Mérida Sánchez, general retirado y exintegrante del gabinete del gobierno de Sinaloa, compareció ante la corte estadounidense luego de haberse entregado voluntariamente a las autoridades en mayo pasado. El exfuncionario enfrenta cargos relacionados con conspiración para el tráfico de drogas y delitos vinculados con armamento, acusaciones de las que se declaró no culpable.
Según las investigaciones estadounidenses, el exsecretario de Seguridad habría colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”, a quienes presuntamente brindó protección e información privilegiada a cambio de sobornos. Las acusaciones también alcanzan a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntas redes de corrupción y colusión con el crimen organizado.
Durante la audiencia no se presentaron públicamente las pruebas del caso; sin embargo, la afirmación de la jueza sobre la existencia de evidencia abundante representa uno de los posicionamientos más contundentes emitidos hasta ahora por la justicia estadounidense dentro del proceso que involucra a exintegrantes del gobierno sinaloense.
La próxima audiencia quedó programada para el 4 de agosto, fecha en la que la fiscalía y las defensas deberán informar sobre el avance en el intercambio de evidencia y el estado procesal de los acusados.
